Bomba de tiempo en el PAMI: el ajuste fiscal asfixia la salud de los jubilados

📌 EN 3 PUNTOS CLAVE • **El hecho:** El **PAMI** enfrenta una crisis de sustentabilidad sin precedentes que provocó el corte de servicios médicos, guardias y tratamientos de alta complejidad en múltiples provincias del país. • **El trasfondo:** La eliminación del *impuesto PAIS* privó a la obra social del **10% de sus recursos**, mientras que el ministro **Luis Caputo** rechazó un auxilio financiero del **40%** solicitado por **Mario Lugones** para no comprometer el superávit fiscal. • **El impacto político:** El ahogo financiero a los **5,5 millones de afiliados** profundiza el malestar social en el sector previsional y abre un foco de conflicto crítico para la gestión de **Javier Milei**. La tensión en los pasillos de la Casa Rosada escaló a niveles críticos tras un áspero encuentro *off the record* entre el ministro de Salud, **Mario Lugones**, y su par de Economía, **Luis Caputo**. Según fuentes gubernamentales, el titular de la cartera sanitaria planteó la necesidad urgente de incrementar en un **40% el presupuesto** del **PAMI** para garantizar las prestaciones básicas. La respuesta del jefe de Hacienda fue tajante: **"No hay plata, otorgar esos recursos se come todo el superávit financiero"**. Esta negativa sella el destino de la mayor obra social de América Latina, cuyos números no cierran ante la caída de la recaudación por la recesión y la licuación de los aportes patronales. El origen del desfinanciamiento estructural radica en decisiones de política económica de alta sensibilidad. La progresiva eliminación del *impuesto PAIS* —que gravaba el acceso a divisas y el turismo exterior— despojó al organismo de una caja equivalente al **10% de su presupuesto total**. Para la oposición y diversos analistas del sector, esta medida representa una transferencia de recursos regresiva, beneficiando a los sectores de mayores ingresos en detrimento de la cobertura médica de los pasivos. A esto se suma un descontrolado aumento en el costo de los medicamentos, que en los últimos meses **subieron muy por encima de la inflación general**, rompiendo los acuerdos de precios que la gestión anterior mantenía bajo control. Las consecuencias de esta asfixia ya se sienten con fuerza en el interior del país, configurando un escenario que prestadores médicos califican como peor al de la crisis del **2001**. En Entre Ríos, el **Sanatorio Concordia** rescindió su convenio, dejando a **15.000 afiliados** sin su único prestador privado. En la Patagonia, clínicas de **Neuquén** reclaman una deuda de **$1.500 millones**, mientras que en **Mar del Plata** y **Tandil** se denuncian despidos encubiertos, reducción de plantas de personal del **30%** y el virtual vaciamiento de agencias de atención. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (**CADRA**) también encendió las alarmas al denunciar un recorte drástico en los fondos destinados a tratamientos renales vitales. Frente a un panorama de creciente conflictividad que ya incluye marchas de jubilados y paros de prestadores en Mendoza y Santa Fe, la cúpula del Poder Ejecutivo se mantiene en un hermético silencio. El Gobierno parece haber priorizado la disciplina fiscal extrema como su principal activo político, aun a costa de la sustentabilidad del sistema sanitario de la tercera edad. ¿Podrá la administración central sostener el dogma del déficit cero mientras el descontento social por el colapso de las prestaciones de salud amenaza con desbordar las calles?