Política

📌 EN 3 PUNTOS CLAVE • **El hecho:** La Cámara de Diputados fue convocada para una sesión especial clave con el objetivo de voltear el **DNU 70/2023**, restituir la emergencia en discapacidad y frenar la asfixia presupuestaria sobre la universidad pública, en paralelo a una multitudinaria movilización hacia el Congreso. • **El trasfondo:** La **Casa Rosada** desplegó una intensa presión sobre mandatarios provinciales y orquestó un dictamen de último momento sobre la Ley de Tierras para vaciar el recinto y ofrecer argumentos de escape a los bloques dialoguistas. • **El impacto político:** Si la oposición logra consolidar la mayoría, el presidente **Javier Milei** sufrirá un freno institucional sin precedentes que dejará herido de muerte el eje medular de sus desregulaciones económicas. El recinto de la Cámara de Diputados se convierte este jueves en el cuadrilátero de una disputa de poder determinante para el futuro del esquema libertario. Con la sesión pautada para las **14 horas**, un amplio abanico de bancadas opositoras intentará asestarle un golpe estructural al Gobierno mediante la derogación del **DNU 70/2023**, la restitución plena de la **Ley de Tierras** y la extensión por un año de la emergencia en el sistema de discapacidad. La pulseada legislativa coincide de forma milimétrica con la **quinta marcha federal universitaria**, una movilización masiva que volverá a copar las plazas del país para advertir que **"la ley está para ser cumplida y la división de poderes no se negocia"**. En los pasillos del palacio legislativo, el *poroteo* es febril: los organizadores estimaban estar a una distancia oscilante de entre **tres y ocho bancas** para perforar el umbral del *quórum* reglamentario de **129 diputados**, mientras la presión pública se canaliza a través de portales cívicos como *nofaltes.ar*, desde donde ya se remitieron más de **44.900 recordatorios** a los legisladores en duda. Ante la inminencia de un revés que podría alterar el balance de fuerzas institucional, el oficialismo activó un desesperado operativo de contención sobre los gobernadores más permeables a la negociación de recursos y acuerdos electorales. La atención de la jornada se posa sobre figuras bisagra como el tucumano **Osvaldo Jaldo**, el salteño **Gustavo Sáenz** y los referentes provinciales que responden al mandatario santafesino **Maximiliano Pullaro** y al cordobés **Martín Llaryora**, además de los legisladores alineados con **Horacio Rodríguez Larreta**. Para contrarrestar la embestida opositora, la bancada de **La Libertad Avanza** selló a última hora un dictamen en comisiones reincorporando los límites a la extranjerización de tierras en el proyecto de *inviolabilidad de la propiedad privada*, fijando una sesión alternativa para el próximo **miércoles 21**. La maniobra fue calificada de inmediato por la diputada **Myriam Bregman** como **"un mamarracho legislativo y una maniobra de cuarta para vaciar la sesión"**, diseñada a medida de aquellos representantes que buscan una excusa técnica para eludir el compromiso en el recinto. La confrontación en el Parlamento se da en un contexto de creciente erosión política para la administración nacional, marcada por los límites que la sociedad civil y los tribunales comienzan a imponer. En el plano judicial, el fuero contencioso administrativo acaba de asestar un duro llamado de atención al imponer astreintes por **$100.000 diarios** al jefe de Gabinete por desobedecer mandatos relativos a las partidas universitarias, exhibiendo que la estrategia de gobernar eludiendo las mayorías parlamentarias acarrea costos personales y jurídicos. Al mismo tiempo, la pretendida solidez macroeconómica oficial exhibe grietas sensibles: arrecian los cuestionamientos técnicos por la maniobra de derivados financieros con las reservas de oro del **Banco Central de la República Argentina (BCRA)**, una operación de opciones *call* que significó ceder ganancias por más de **USD 1.000 millones**, mientras en el mercado laboral se agrava la brecha entre la retórica del secretario de Trabajo, **Julio Cordero** —quien proclamó salarios promedio de **USD 1.500**— y la pérdida confirmada de **370.000 empleos registrados**, reflejada en colas de miles de personas por vacantes mínimas en el conurbano. ¿Logrará el Gobierno desactivar la mayoría opositora apelando una vez más a la disciplina de billetera con los gobernadores, o la convergencia entre la presión de la calle y el límite parlamentario marcará el inicio de un repliegue definitivo en el método libertario de gobernar por decreto?