Política
Tensión institucional en la Corte Suprema y el Congreso por el avance de las desregulaciones
El máximo tribunal habilitó la compra de tierras para extranjeros mediante un fallo procesal y desató una ola de rechazos políticos que reabre el debate sobre la división de poderes.
📌 **EN 3 PUNTOS CLAVE**
• **El hecho:** La **Corte Suprema de Justicia** revocó un fallo que frenaba la ley de tierras y dejó sin efecto los límites a la compra por parte de extranjeros, desatando una fuerte reacción opositora.
• **El trasfondo:** El uso del decreto de necesidad y urgencia **DNU 70/23** y la modificación de normativas históricas sobre recursos y mercados generan un intenso debate jurídico y parlamentario.
• **El impacto político:** Se acumulan tensiones entre el oficialismo de **Javier Milei**, la oposición en el Congreso y las organizaciones sociales que preparan marchas federales en defensa del financiamiento universitario y la división de poderes.
El escenario político y judicial atraviesa momentos de máxima ebullición a raíz de las medidas de desregulación impulsadas por la administración de **Javier Milei**. Con la reciente resolución sobre la tenencia de tierras, el máximo tribunal optó por una salida procesal bajo el argumento de que los demandantes originales carecían de la **legitimación procesal** adecuada. Esta decisión dinamitó de manera indirecta los frenos legales vigentes, permitiendo nuevamente que los **inversionistas extranjeros** accedan a grandes extensiones de territorio sin las restricciones previas del **15% como límite máximo** que establecía la legislación anterior.
Especialistas en derecho constitucional como **Sebastián Guidi** y **Alberto Binder** advirtieron que esta doctrina tradicional sobre la legitimación procesal termina por **inclinar la cancha a favor de los gobiernos desreguladores**. Según los expertos, al desregular masivamente, se diluye la afectación directa individual, obstaculizando el control judicial sobre normas ejecutivas de alto impacto. En paralelo, el juez federal **Martín Cormic** resolvió recientemente en contra del Gobierno al declarar inconstitucional el decreto que condicionaba el pago de la **ley de financiamiento universitario** a la recaudación de fondos específicos, sumando otro frente de conflicto en los tribunales.
Las repercusiones no tardaron en hacerse sentir en el plano legislativo y social, donde bloques opositores intentan articular estrategias para rechazar de plano el paquete de decretos presidenciales. La falta de acuerdos internos en la **Corte Suprema** obligó incluso al sorteo de conjueces como **Diego Barretia** y **Juan Ignacio Pérez Cursi** para resolver nuevos planteos ambientales e indígenas vinculados al mismo expediente. Mientras tanto, sectores gremiales y universitarios convocaron a la **quinta marcha federal universitaria** frente al Congreso para manifestar su descontento ante lo que consideran una vulneración sistemática de las atribuciones parlamentarias.
¿Logrará la sociedad civil y la oposición parlamentaria reencauzar los límites al **Poder Ejecutivo**, o se consolidará un nuevo paradigma de gobernabilidad sin contrapesos institucionales?