Política
Tensión total: el oficialismo resiste con ajuste y represión mientras crecen las dudas económicas
El Gobierno logró blindar el DNU en el Congreso con la ayuda de gobernadores aliados, en una jornada marcada por una masiva represión policial a estudiantes y una ola de cuestionamientos por el contrabando y la manipulación de estadísticas.
📌 EN 3 PUNTOS CLAVE
• **El hecho:** El oficialismo logró frenar en la Cámara de Diputados el intento opositor de derogar el DNU 70/23, alcanzando este blindaje legislativo en medio de una masiva marcha universitaria que terminó con represión policial y gases lacrimógenos en las inmediaciones del Congreso.
• **El trasfondo:** Mientras el presidente **Javier Milei** y el ministro de Economía **Luis Caputo** defienden una baja inflacionaria y un superávit fiscal histórico, informes sectoriales alertan sobre una caída del consumo, destrucción de empleo formal y una apertura encubierta de importaciones ilegales y contrabando que asfixia a la industria nacional.
• **El impacto político:** El triunfo legislativo expuso la dependencia oficial de los gobernadores dialoguistas y profundizó el malestar social, dejando al descubierto una estrategia de confrontación estatal que combina discursos de éxito macroeconómico con un severo deterioro en los ingresos de la clase trabajadora.
La jornada política dejó en evidencia la compleja arquitectura de acuerdos que sostiene la administración libertaria en el Parlamento. Con la ausencia clave de legisladores funcionales al oficialismo, la oposición logró sentar a **121 diputados** en el recinto, quedándose a solo ocho bancas de conseguir el quórum necesario. Desde el entorno del presidente **Javier Milei** celebraron la contención del embate opositor, aunque analistas políticos advierten sobre un costo institucional elevado. La dependencia de gobernadores provinciales como **Osvaldo Jaldo** o **Maximiliano Pullaro** demuestra que el oficialismo sobrevive legislativamente mediante negociaciones permanentes y promesas de obras que pocas veces se materializan en el corto plazo.
En paralelo, la disputa discursiva sobre los índices macroeconómicos mantiene en alerta a los mercados y a los sectores productivos. Mientras el ministro **Luis Caputo** asegura que el salario real promedio se ubica en **$1,500 dólares**, informes estadísticos revelan que la **mediana salarial** para trabajadores registrados se sitúa considerablemente por debajo de las proyecciones oficiales, rondando los **1.693.000 pesos** brutos, y desplomándose aún más al incluir el universo de la informalidad. A esto se suma el reclamo unánime de cámaras empresariales de sectores como juguetes, perfumería y electrónica, que denuncian una competencia desleal devastadora impulsada por la entrada masiva de **3 millones de celulares de contrabando** y productos sin certificación de la **ANMAT**, tolerados por la Aduana en un intento desesperado por contener el índice inflacionario.
El punto de máxima ebullición se trasladó a las calles, donde una masiva movilización en defensa de la universidad pública y de los sectores vulnerables fue reprimida por fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y operativos desmedidos que afectaron incluso el desarrollo de los actos centrales. Testimonios de estudiantes, médicos de postas sanitarias y legisladores apuntaron directamente contra el operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad, rememorando episodios de violencia institucional extrema. Las imágenes de manifestantes heridos y la utilización de granadas de gas arrojadas en línea recta contrastaron fuertemente con el relato oficial de orden público, evidenciando una escalada en la tensión social que el Ejecutivo parece dispuesto a sostener como parte de su narrativa de autoridad.
¿Podrá el Gobierno sostener indefinidamente su relato de éxito económico sobre la base de un ajuste recesivo, el incremento de la pobreza y un creciente malestar en las calles?