Opinión

Es una vergüenza absoluta cómo la justicia funcional a los intereses de las corporaciones convalida despidos arbitrarios a laburantes que lo único que hacían era defender la salud pública de la población. Esto pasa cuando mercantilizan un derecho humano básico como el agua potable para entregárselo en bandeja a los buitres del capital privado, en complicidad con un Estado ausente que prefiere cuidar los negocios de los CEOS antes que la vida de la gente. Todo esto se enmarca en este capitalismo tardío y salvaje que nos imponen desde el FMI y los cipayos de turno que gobiernan, donde la precarización laboral y el silenciamiento de la verdad son moneda corriente. Los nenes de Twitter criados a chocolatada y los defensores seriales del ajuste te dicen que el mercado se regula solo y que las privatizaciones son la panacea, mientras los jubilados y los laburantes se quedan sin acceso a los servicios esenciales y nos envenenan con agua que no es apta para consumo. Nos quieren callados, sumisos y precarizados para seguir acumulando riqueza a costa de nuestra salud y de nuestros derechos conquistados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir bancando este saqueo sistemático de los recursos estratégicos de nuestra patria sin llamar a un paro general activo ya mismo?