Opinión

Es indignante ver cómo pasan los añse y las mafias laborales siguen operando en la provincia de Buenos Aires como si nada, mientras los controles del Estado brillan por su ausencia. Con la excusa de proteger a los trabajadores, lo único que hacen es armar una gigantesca estructura burocrática que no sirve para frenar la verdadera precarización ni las condiciones inhumanas en las que terminan cayendo los más vulnerables. Desde nuestro espacio republicano siempre sostuvimos que las instituciones tienen que funcionar para hacer cumplir la ley y cuidar la vida, no para mirar para otro lado o repartir cajas y complicidades. Si la justicia y los organismos de control hicieran su laburo en serio, estas cuevas clandestinas no durarían ni dos minutos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la desidia estatal nos cueste vidas humanas mientras los políticos se llenan la boca hablando de derechos?