Política

📌 EN 3 PUNTOS CLAVE • **El hecho:** El Gobierno nacional aceleró la baja y suspensión de miles de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez tras detectar presuntas irregularidades. • **El trasfondo:** La **Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)** audita más de **1.2 millones de pensiones**, buscando recortar un gasto que el Ministerio de Economía considera descontrolado. • **El impacto político:** La oposición denuncia un ajuste inhumano sobre los sectores más vulnerables, mientras el oficialismo defiende la depuración fiscal como un paso ineludible. El plan de estabilización fiscal que lidera el ministro de Economía, **Luis Caputo**, ingresó en una fase de extrema sensibilidad social. La decisión de auditar de forma masiva las **Pensiones No Contributivas por Invalidez** busca reducir el gasto público en un área que, según la **Sindicatura General de la Nación (SIGEN)**, experimentó un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Desde el entorno presidencial defienden la medida bajo la premisa de que **"se terminaron las cajas políticas de la intermediación"**, pero la velocidad de la *motosierra* encendió alarmas en todo el arco social y sanitario. Los números detrás del conflicto exponen la magnitud de la disputa. Actualmente existen cerca de **1.220.000 beneficiarios** de estas pensiones, lo que representa un costo fiscal de aproximadamente **USD 3.000 millones** anuales. El director de la **Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)**, **Diego Spagnuolo**, argumenta que en auditorías preliminares se detectó que **hasta un 40% de los beneficios otorgados podrían ser incompatibles o fraudulentos**. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denuncian que las suspensiones preventivas se realizan sin el debido proceso, dejando a miles de personas en un **"estado de asfixia financiera y desamparo absoluto"**. En los pasillos del Congreso, la tensión va en aumento. Diputados de la oposición dialoguista y del peronismo duro preparan pedidos de informes y proyectos de ley para frenar los decretos que desregulan las prestaciones de salud para personas con discapacidad. El argumento opositor es contundente: el Gobierno nacional **"debe priorizar a los sectores más vulnerables por encima de las metas de superávit financiero"**. En contrapartida, el presidente **Javier Milei** ratificó que el rumbo de la gestión es innegociable y que cualquier intento de desestabilizar el *deficit cero* será vetado de inmediato, consolidando una postura de intransigencia fiscal extrema. ¿Podrá el oficialismo sostener el rigor de su plan de ajuste sobre los sectores más desprotegidos sin sufrir un costo político irreversible en su base electoral, o la presión social y judicial obligará a la Casa Rosada a recalcular los límites de la motosierra?